La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos contra la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) y 16 clubes del rentado criollo, entre ellos el vigente campeón de la Liga, Deportes Tolima, con el fin de establecer si estos agentes habrían limitado la libre competencia en el mercado de los derechos deportivos de los jugadores en la escena local. 

Según la SIC, el ente rector del FPC y los clubes involucrados habrían impedido la transacción de al menos 16 jugadores entre el 2018 y lo corrido del 2021. Además, la Superintendencia formuló pliego de cargos contra 20 personas naturales vinculadas con los equipos investigados, entre ellas el presidente y dueño del 'Vinotinto y Oro', el exsenador boyacense Gabriel Camargo Salamanca. 

Esto con el fin de determinar si habrían permitido la colaboración, facilitación, autorización o ejecución de las conductas investigadas. Además del 'Pijao', los equipos investigados son Águilas Doradas, Cúcuta Deportivo, Boyacá Chicó, Unión Magdalena, Deportivo Pasto, Tigres, Once Caldas, Deportes Quindío, La Equidad, Atlético F.C., Fortaleza, Leones, Real Santander y Alianza Petrolera.

A su vez, además del veterano dirigente, quien es famoso por su estilo polémico, la SIC puso su mirada en José Fernando Salazar (Águilas), José Augusto Cadena (Cúcuta) y Carlos Ferreira (Alianza), con quienes ha protagonizado fuertes rifirrafes por pases de futbolistas, y los expresidentes de la Dimayor Jorge Perdomo y Jorge Enrique Vélez, quienes ejercieron dentro del periodo en cuestión.

De acuerdo con la SIC, la investigación se inició después de que la Superintendencia recibiera una queja presentada por la Asociación Colombiana de Fútbol (Acolfutpro). De acuerdo con el caso, 10 de los clubes investigados habrían enviado comunicaciones a otros clubes con el fin de impedir la transacción de los derechos deportivos de los citados jugadores en las últimas cuatro temporadas.

 Asimismo, la Superintendencia identificó comunicaciones emitidas por los clubes investigados, en las que se manifiesta su aprobación frente a un listado de jugadores vetados con los que se restringe la negociación de sus derechos deportivos, en lo que constituiría un acuerdo anticompetitivo entre los clubes por la adquisición de estos derechos. Una práctica denunciada desde hace décadas en el FPC.

Por su parte, la Dimayor, en su rol de ente rector de los clubes de fútbol profesional colombiano, habría tenido conocimiento de la existencia y contenido de listados de jugadores vetados. A pesar de ello y de contar con los mecanismos jurídicos para sancionar estas conductas ante su Comisión Disciplinaria, mantuvo una posición pasiva según señaló la SIC en su contundente determinación. 

Con ello, precisó la SIC, la Dimayor permitió sanciones de facto sobre los jugadores que pretendieron ejercer sus derechos ante los clubes de fútbol investigados. En este caso la Superintendencia indicó que podrá imponer multas hasta de 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada infracción a quienes cohonesten con estas prácticas anticompetitivas.

Contra la decisión de abrir investigación de la Delegatura para la Protección de la Competencia no procede ningún recurso, según comunicó la Superintendencia en su resolución. Ante esto, aún no se conoce pronunciamiento de la institución sobre estos graves señalamientos, que a decir verdad no causan extrañeza, pues es bien sabida la forma en que Tolima ha manejado algunos casos.

Luego de conocerse esta decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la Dimayor se pronunció y en un comunicado de prensa expuso su postura acerca de esta denuncia, que pone en entredicho la conducta de la entidad y de un poco menos de la mitad de sus clubes afiliados, en momentos en los que el balompié es protagonista con las etapas definitivas de sus campeonatos.

"La Dimayor, así como las demás personas jurídicas y naturales vinculadas a la investigación, tienen derecho a ejercer su legítima defensa, y en este escenario brindarán todas las explicaciones requeridas por la autoridad, entregarán cualquier información que sea pertinente y, por último, aportarán y solicitarán las pruebas, para demostrar que no existió ilegalidad alguna", indico.

"La entidad respetuosa de las decisiones que toman las autoridades competentes, y continuará colaborando con el fin de aclarar cualquier duda respecto de los hechos de la presente investigación. Confiamos en que la Superintendencia de Industria y Comercio encontrará mérito a las solicitudes y las explicaciones que se remitirán a la SIC en su debida oportunidad", agregó.