La Fiscalía General de la Nación confirmó en la mañana del lunes que llevó a cabo audiencia de imputación de cargos a Elías Yamhure Daccarett, socio de la empresa logística TicketYa.

La determinación judicial se dio por su presunta responsabilidad en la reventa de boletas para el partido entre la Selección Colombia y su similar de Brasil, disputado el 5 de septiembre de 2017, como parte de la Eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos le endilgó los delitos de agiotaje agravado (Especulación para modificar los precios de los productos), corrupción privada y concierto para delinquir.

El material probatorio de la Fiscalía da cuenta de que un total de 13.854 entradas habrían sido comercializadas por encima del precio definido.

Las boletas, en realidad, tenían un costo cercano a los 2.840 millones de pesos. Sin embargo, el valor de la venta superó los $5.900 millones. Es decir, que los representantes de la compañía obtuvieron una utilidad aproximada de $3.105 millones.

A su vez, la Fiscalía dijo constatar que, ante la denuncia pública sobre la posible reventa, TicketYa ofreció a través de la web 6.000 boletas a los hinchas de la 'tricolor'. "Una situación ficticia porque ese número de entradas nunca salió a la venta", precisó el ente acusador.

En contexto

El 6 de julio pasado, a Yamhure Daccarett la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le había impuesto una multa de cerca de $61 millones, por lo que sería su participación en este escándalo. Mientras que a TicketYa le correspondía pagar más de $45 millones.

En total, en ese entonces fueron sancionadas 17 personas naturales por parte de la SIC, entre ellas el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún Franco, con $304 millones.

Al igual que el expresidente de la entidad, Luis Bedoya, con $262 millones, y el vicepresidente de la FCF, Álvaro González, con $16 millones, entre otros.

Sin embargo, la multa más alta la deberá pagar la propia Federación, conminada a cancelar ante la SIC $16.000 millones, por al parecer facilitar una conducta "anticompetitiva".