A través de una clara misiva, la Oficina de Inspección y Control del Ministerio del Deporte solicitó la suspensión de los cargos del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún Franco, y el presidente de la Difútbol y segundo vicepresidente de la FCF, Álvaro González Alzate, por el escándalo de la reventa de boletas de la eliminatoria al Mundial de Rusia 2018.

La petición está basada en el Decreto 1228 de 1995 y el artículo 10 de la Ley 1445 de 2011, en el que el Ministerio tiene la discreción de solicitar este tipo de medidas a los miembros de la federación. Lo anterior tras la fuerte sanción impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), tras comprobarse -según esta entidad- graves inconsistencias en la venta de entradas para los partidos de la Selección Colombia en esta fase clasificatoria.

"Es necesario iniciar las investigaciones en el marco de sus competencias, con el propósito de determinar si existieron transgresiones al marco normativo, estatutario y deportivo vigente, y se proceda con las acciones a que haya lugar, en observancia de los siguientes fundamentos de derecho", argumento MinDeporte en su comunicación, que se hizo viral en redes sociales.

"Por lo anterior, se requiere a la Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana de Fútbol informe a esta entidad cada una de las etapas del proceso disciplinario, garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa", precisó la cartera del Deporte, por intermedio de Viviana Forero Álvarez, directora de Inspección, Vigilancia y Control de la entidad.

Es válido recordar que Jesurún Franco fue conminado por parte de la SIC a pagar $304 millones 617 mil 885, mientras que Gónzalez Alzate recibió una sanción de $46 millones 467 mil 135. A su vez, el secretario de la FCF, Andrés Tamayo Iannini, sufrió una multa de $10 millones 147 mil 995. Esto sumado a la multimillonaria multa hacia la federación, de $16 mil 16 millones 28 mil 600, por este espinoso tema.

Hace unas dos semanas, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá rechazó la tutela que presentó la FCF, con la que se buscó que se designara en el proceso un superintendente 'ad hoc'. Esto debido a que, a juicio de los directivos, el actual funcionario, Andrés Barreto, carecía de imparcialidad y objetividad para llevar el caso. Por lo que la decisión inicial quedó en firme.

Foto: Suministrada