Directivos de la FCF habrían sido cómplices de reventa de boletas para partidos de Colombia en las Eliminatorias


Después de 10 meses de arduas investigaciones, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos contra la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y las firmas Ticket Shop y Ticket Ya, por la reventa masiva de boletas para los partidos de la Selección Colombia en las eliminatorias rumbo a Rusia 2018.

De acuerdo a la SIC, los directivos de la FCF tenían pleno conocimiento y participaron en la desviación de cerca de 42.221 boletas en ocho de los nueve juegos como local disputados por la 'Tricolor' en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Ramón Jesurún, presidente de la FCF; al igual que los directivos Álvaro González, Jorge Perdomo, Alejandro Hernández Hernández, Claudio Cogollo, Elkin Arce y Luis Bedoya, exmiembro del órgano y quien está preso en Estados Unidos por el escándalo del 'Fifagate', entre otros, fueron vinculados al caso por su presunta responsabilidad en los mismos.

También el presidente y dueño del Real Cartagena, Rodrigo Rendón Cano, y personas cercanas a la empresa Ticket Ya, como Medardo Alberto Romero, David Alberto Romero, Elías Yamhure Daccarett y Roberto Saer Daccarett, a quienes la SIC les venía siguiendo la 'pista' por estos hechos.




El 'negociado'

Para la SIC, quedó claro que en el proceso de adjudicación del multimillonario contrato para la venta de boletería en las Eliminatorias, todo estaba direccionado a que la empresa ganadora fuera Ticket Shop.

Esto sin importar que según las condiciones del pliego, el oferente escogido debía ser Primera Fila, perteneciente a Cine Colombia, que hizo una mejor propuesta. Tal cual como lo indicaron los diferentes informes de evaluación llevados a cabo por los abogados asesores externos, el revisor fiscal y el área de mercadeo de la propia FCF.

"La propuesta de Ticket Shop era abiertamente irracional desde el punto de vista económico, pues solo permitiría el retorno de la inversión y los gastos en que debía incurrir el contratista bajo un escenario de 80% promedio de ocupación en todos y cada uno de los nueve partidos de la Selección", indicó la SIC.

Para la Superintendencia, era evidente que estos contratistas ejecutarían actividades de reventa masiva en la operación de la boletería que pretendían se les adjudicara, con el fin de tener punto de equilibrio.



La reventa

En las indagaciones, la SIC pudo comprobar que las liquidaciones de algunas de las ventas al por mayor de boletería fueron hechas a precios de hasta 350% superiores del precio de taquilla, en oficinas de la firma Ticket Ya en Barranquilla.

Lo cual, para la entidad, hace suponer que las boletas adquiridas por el público se adquirieron con sobreprecios incluso mayores.

Del mismo modo, están en poder de la Superintendencia documentos titulados como 'Actas de socios', en los que se acordaron fijar los precios de reventa de la boletería por localidades, tal como si se tratara de precios oficiales para cada uno de los encuentros.


El precio de las 42.221 entradas desviadas era de $8.738 millones de pesos en expendios, pero en el mercado ilegal hubiesen podido generar ingresos a los revendedores por más de $21.800 millones, aproximadamente, con una utilidad de más de $13.000 millones.

En síntesis

Dentro de las pruebas recolectadas se encuentran contratos, documentos, correos electrónicos, mensajes de Whatsapp e informes de liquidación parcial de las actividades de entrega de boletas para los fines de reventa, obtenidas por la cooperación -en calidad de delator- de Ticket Shop.

Esta empresa viene colaborando en la investigación desde septiembre del año pasado, cuando fue intervenida por la Superintendencia por las graves denuncias de reventa para el partido frente a Brasil, disputado el 5 de ese mes en la 'Arenosa', y el penúltimo de la programación como local.

Contra la presente decisión no procede ningún recurso de reposición y en caso de que se declare que hubo una violación de las normas, los implicados serían sancionados con una multa que podría alcanzar los 100.000 salarios mínimos mensuales vigentes. Es decir, cerca de $78.124 millones.