Ante el peculiar anuncio del alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, de buscar la manera de comprar el Deportes Tolima, el presidente del club, Gabriel Camargo Salamanca, le respondió al mandatario seccional y enfatizó en que estaría dispuesto a aceptar una oferta de la Administración. 

El dirigente deportivo, quien se mostró sorprendido por el anuncio, no tuvo problemas en referirse al tema. Pero aclaró que el valor estimado de la institución deberá determinarlo una firma especializada, para darle más seriedad al futuro negocio. 

"Si la propuesta es seria hagamos valorar el equipo por una banca de inversión que nos dé la garantía y que salga la valoración. Si lo quiere comprar el alcalde, se lo vendo", dijo Camargo al Combo Deportivo de Caracol Ibagué. 

De acuerdo con Camargo, no ha tenido ninguna clase de propuesta por adquirir la divisa que administra de forma continua desde 1993. Ni siquiera cuando puso en venta su participación en juliod de 2013, cuando se sintió agredido moralmente por la afición tras la eliminación en la Liga 1.

"La gente realmente seria no se le ha querido medir, porque saben lo complejo que es manejar un equipo de fútbol. Me gustaría mucho que se quedaría en la afición tolimense, con mucho gusto lo vendo. Aunque ellos van a creer que eso vale 2 pesitos, pero la verdad es que vale mucha plata", agregó.

El boyacense dijo que en caso tal de darse algún negocio -algo a decir verdad poco probable- se vendería todo: La sede, el nombre y el derecho de participación en los torneos de la División Mayor del Fútbol Colombiano, además de los pases de los jugadores, entre otros aspectos.

Camargo señaló que, muy contrario al pesar de Jaramillo, ningún equipo profesional podrá jugar en Ibagué sin el aval del Deportes Tolima, toda vez que es socio del fútbol rentado desde 1955. Lo anterior por si ha contemplado a invitar a otra divisa a oficiar como local en la ciudad.

Este 'tira y afloje' en las declaraciones de uno y otro, recordemos, surgió tras el anuncio del mandatario ibaguereño de modificar el acuerdo que reglamenta las tarifas por el alquiler del estadio Murillo Toro, vigente desde agosto de 2016 y que exige -según Jaramillo- un monto irrisorio para su uso; lo cual dejaría pérdidas en 2017 por $400 millones.