Fiscalía ocupó 157 bienes de involucrados en descalabro de los Juegos Nacionales de 2015


Miembros de la Fiscalía General de la Nación, con apoyo de tropas del Ejército Nacional, ocuparon 157 bienes registrados a nombre de los implicados en el multimillonario desfalco a los XX Juegos Deportivos Nacionales y IV Paranacionales que se realizaron en el Tolima, como también de su círculo familiar.

De acuerdo con el ente investigador, las diligencias se llevaron a cabo en Ibagué, Bogotá y los municipios de San Luis de Palenque y Paz de Ariporo (Casanare), en donde fueron afectados cerca de 12 bienes imuebles, nueve sociedades, 20 vehículos y 116 cuentas bancarias, cuyo avalúo asciende a los 8.500 millones de pesos.

Entre los bienes que pasarán a proceso de extinción de dominio hay oficinas de la multinacional española Typsa en la capital de la República y algunas de sus filiales en el país.  

Por su parte, en la capital tolimense se ocuparon diferentes bienes y cuentas, mientras que las poblaciones casanareñas pasaron a custodia de la Fiscalía tres fincas.

Sin embargo, lo que llamó la atención de los efectivos judiciales fue el exclusivo apartamento ubicado en el sector de El Chicó, norte de Bogotá, que habría sido pagado con dineros que la empresa española recibió para la construcción de los escenarios deportivos.

El lujoso inmueble fue entregado a presuntos testaferros del abogado Orlando Arciniegas Lagos, quien fue el intermediario entre Typsa y el exgerente del Imdri, Carlos Heberto Ángel, para la concesión del contrato de estudios y diseños de los escenarios; por un valor aproximado a los $11.500 millones.

Según las evidencias de la Fiscalía, Arciniegas Lagos realizó reuniones en ese apartamento para supuestamente pactar asuntos relacionados con la desviación de los dineros públicos. Incluso durante varios meses el bien, tasado en más de 700 millones de pesos, fue ocupado por la hija del polémico letrado.

Estas medidas cautelares con fines de extinción de dominio se desarrollan en cumplimiento del plan ‘Bolsillos de Cristal’, dispuesto por la Fiscalía para combatir cualquier expresión de corrupción.

Los 157 bienes, que hacen parte solo de la primera fase del descalfo que sufrió la capital tolimense en el mandato del exalcalde Luis H. Rodríguez, quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.


Los procesados

Orlando Arciniegas Lagos: Fue sentenciado a 36 años de cárcel, la condena más alta impuesta en el país por corrupción.

Carlos Heberto Ángel Torres:  Ha tenido dos condenas, una de 12 años de cárcel por peculado, y otra de cinco años de prisión por contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.

Wílmer Manchola Cano: Servía de puente entre Arciniegas y Typsa, aceptó los cargos formulados por la Fiscalía y se encuentra privado de la libertad, en espera de una condena en su contra.

Jorge Orlando Navarrete Laverde: Jefe de licitaciones de Typsa, recientemente solicitó a la Fiscalía la negociación de un preacuerdo y aceptó su responsabilidad en el escándalo.

Gloria Inés Martínez Acevedo: Es sindicada de legalizar las dádivas que entregaba Typsa, que internamente eran respaldas por la empresa con facturas y cheques de supuestos pagos hechos a sus contratistas.

Luis Rodrigo Uribe: Gerente de Typsa en Colombia, colabora con la justicia y narró los escenarios de corrupción que presenció al haber sido eje de todas las movidas ilícita.

Con la información de la Fiscalía General de la Nación