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El exgerente del Instituto de Deportes y Recreación de Ibagué, Carlos Heberto Ángel, fue condenado este viernes a 12 años de prisión y el pago de 815 millones de pesos.
El exfuncionario deberá cumplir esta sentencia por el delito de peculado, tras la adjudicación irregular del contrato de estudios y diseños para las obras de los pasados Juegos Deportivos Nacionales.
El exfuncionario deberá cumplir esta sentencia por el delito de peculado, tras la adjudicación irregular del contrato de estudios y diseños para las obras de los pasados Juegos Deportivos Nacionales.
La decisión fue dada a conocer por el Juez Quinto Penal de Ibagué, quien le otorgó a Ángel una rebaja de pena del 50%, tras haber aceptado este cargo el pasado 2 de noviembre.
Ese día se entregó a las autoridades luego de verse en líos por las confesiones hechas por Orlando Arciniegas, el 'cerebro' del desfalco a las justas, quien lo señaló de haber recibido una millonaria coima.
Ese día se entregó a las autoridades luego de verse en líos por las confesiones hechas por Orlando Arciniegas, el 'cerebro' del desfalco a las justas, quien lo señaló de haber recibido una millonaria coima.
Según Arciniegas, Ángel obtuvo $300 millones por facilitar la cesión del contrato de estudios y diseños a la firma española Typsa, por $11.500 millones.
Además de la condena y la fuerte sanción económica, el exgerente de la entidad quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos, sean estos por nombramiento o por elección popular, así como contratar con el Estado.
A Ángel aún le falta responder por los delitos de interés en celebración de contratos y contratos sin el cumplimiento de requisitos legales; los otros dos cargos imputados por la Fiscalía.
Según el abogado del Imdri, Rodolfo Salas, habría un preacuerdo entre el exfuncionario y el ente investigador por los otros delitos; pero para ello Ángel tendría que devolver $150 millones, la mitad de la coima que recibió por Arciniegas, como lo exige el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal.
Luis Alberto Viana Patiño, defensor de Ángel, anunció a los medios de comunicación que apelará la sentencia dada a su cliente.
Además de la condena y la fuerte sanción económica, el exgerente de la entidad quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos, sean estos por nombramiento o por elección popular, así como contratar con el Estado.
A Ángel aún le falta responder por los delitos de interés en celebración de contratos y contratos sin el cumplimiento de requisitos legales; los otros dos cargos imputados por la Fiscalía.
Según el abogado del Imdri, Rodolfo Salas, habría un preacuerdo entre el exfuncionario y el ente investigador por los otros delitos; pero para ello Ángel tendría que devolver $150 millones, la mitad de la coima que recibió por Arciniegas, como lo exige el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal.
Luis Alberto Viana Patiño, defensor de Ángel, anunció a los medios de comunicación que apelará la sentencia dada a su cliente.
